Una reflexión acerca de la nota “El ministerio paralelo”

Uruguay
Nuestro Director Ejecutivo, Javier Pereira, compartió algunos comentarios a partir de la publicación de un artículo del periodista Tomer Urwicz en el Diario El País, el domingo pasado, 22 de enero.

Luego de leer la nota del Diario El País, sentí la necesidad de compartir tres simples afirmaciones que entiendo ayudan a contextualizar el contenido.

Primero: las organizaciones de la sociedad civil hoy son un actor irremplazable en la prestación de servicios sociales.

Los convenios entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) constituyen una modalidad de implementación de programas y políticas públicas que ya tiene varias décadas en el país. Sería difícil imaginar el escenario de las políticas sociales en Uruguay sin la participación de organizaciones que convenian con el Estado para atender las necesidades de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y tantos otros grupos. Si las OSC dejaran de prestar servicios, la capacidad del Estado de atender y dar respuesta a estos grupos se vería desafiada. Hoy en día, los organismos que convenian con estas organizaciones no se limitan únicamente a los mencionados en la nota (MIDES, INAU) y son muchos los que co-ejecutan programas bajo esta modalidad (BPS, ASSE, y las Intendencias, por mencionar algunos).

 

Segundo: las OSC tienen un potencial en la construcción de ciudadanía y democracia que va más allá de los convenios que suscriben con organismos públicos.

En un sistema democrático, el rol de las OSC en su vínculo con el Estado va mucho más allá de la ejecución de programas y prestación de servicios sociales previamente diseñados por organismos públicos. Además de colaborar con el Estado, la sociedad civil también promueve ciudadanía y democracia desde los roles de contralor, denuncia, asesoría, innovación e incidencia pública. Justamente, el problema de fondo parece residir en las dificultades que encuentran las organizaciones para desplegar todo su potencial transformador, dadas las restricciones y acotados márgenes de maniobra que impone el actual modelo de gestión. Los  formatos y modalidades que regulan las alianzas dejan muy poco margen (y ofrecen pocos incentivos) para la innovación, los aprendizajes y la incorporación de nuevos enfoques, elementos indispensables para mejorar la calidad y efectividad de los programas y políticas.

 

Tercero: la naturaleza estatal o no estatal de quien presta el servicio no afecta su carácter público.

El Estado es el último responsable de dirigir la política pública y de garantizar el acceso de los ciudadanos a sus beneficios, independientemente de si quien provee o entrega el servicio es un actor estatal o no estatal. Tanto los servicios prestados en forma directa por los organismos públicos como aquellos delegados en OSC bajo la modalidad de convenios, tienen un carácter “público” (en la medida en que ambos se proponen alcanzar un “bien público” definido por una “política pública”). Corresponde entonces verlos como parte de un mismo sistema, con dos componentes: uno público estatal y otro público no estatal, que no es menos público por ser no estatal. Por poner un ejemplo concreto: es tan parte de INAU el centro juvenil que gestiona una OSC en convenio como el hogar que es gestionado directamente por INAU. En ambos casos, la responsabilidad última que le cabe al INAU, en tanto organismo rector de la política de infancia en el país, es la misma.

 

Javier  Pereira

Director Ejecutivo

Fundación América Solidaria Uruguay